Con la iniciativa, todas las plazas de aparcamiento del centro de la ciudad pasarían a manos privadas. Los costes de aparcamiento ya no estarían controlados por órganos democráticos, sino que se concederían a una empresa privada que espera un beneficio. Por tanto, los clientes tendrían que pagar los costes de construcción y los beneficios del propietario. La contrapropuesta permite mantener la gestión pública.
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